Coronel José Libardo Restrepo, jefe del Centro Articulador del Cuerpo Élite de la Policía. Foto: Sara Gómez

La seguridad de los integrantes de las Farc que están regresando a la vida civil – por ahora 6.900 avanzan en ese proceso –  depende del Cuerpo Élite de la Policía, una entidad que nació del Acuerdo de Paz de La Habana. Comenzó a operar en junio pasado con 1.088 integrantes, de los cuales 120 son expertos en investigación criminal. Los ojos de las Farc están puestos sobre este organismo. Para ellos, del Cuerpo Élite depende que no se presente una serie de asesinatos sistemáticos por parte de grupos criminales afines al paramilitarismo.

Más allá del debate sobre la existencia del paramilitarismo, a la cúpula del Cuerpo Élite llegó una lista de 106 casos de líderes sociales asesinados entre el primero de enero de 2016 y junio de 2017. De estas estadísticas, avaladas por Naciones Unidas, surgió la primera tarea: prevenir  la muerte no solo de líderes sociales, sino de todos los agentes que pueden ser objeto de amenazas y ataques por su contribución en el posconflicto. En esta larga lista entran los exintegrantes de las Farc, los reclamantes de restitución de tierras, los guardianes del río Atrato, los campesinos que le apuestan al programa de sustitución de cultivos, etc…  La pregunta sobre quién está detrás de estos asesinatos debe resolverse en una instancia posterior que depende de la eficiencia en la investigación criminal.

¡Pacifista! conoció el primer balance trimestral del Cuerpo Élite de la Policía. En los 106 casos de asesinatos de líderes sociales, la entidad ha realizado 51 capturas. Existen 65 casos que están en etapa de indagación, 15 en investigación, 19 en juicio y siete en los que ya se dictaron sentencia. Una cifra hasta ahora poco divulgada es la de los homicidios cometidos entre 2016 y 2017 y que tienen relación directa con el posconflicto. Según el documento, en este lapso se reportaron 258 homicidios en 25 departamentos. Uno de cada cuatro casos se registró en Cauca. Dos municipios, Tumaco y Corinto, concentraron el 4% de afectación.

El documento contiene dos conclusiones claves. Por un lado, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander son los departamentos más vulnerables al posconflicto por la presencia de diferentes organizaciones que se financian a partir de rentas ilegales. Por otro, las agrupaciones que están atacando a la población están fragmentadas y son residuales, es decir, hasta ahora no hay evidencia para pensar en la sistematicidad de los asesinatos. A manera de ejemplo el informe incluye algunas capturas, como le de Christian Francisco Caicedo, alias Christian, integrante del grupo delincuencial Gente del Orden y presunto responsable del asesinato de Segundo Castillo, líder social de Tumaco. También aparece la captura de José Fernando Mahecha, alias Pistolo, integrante de una estructura denominada “Los Nuevos Elenos”.

El surgimiento de estructuras fragmentadas ha sido estudiado de fondo por el coronel José Libardo Restrepo Villamil, jefe del Centro Articulador del Cuerpo Élite de la Policía. Su trabajo, además de coordinar a los 1.088 hombres en territorio, consiste en establecer relaciones con instituciones como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y organizaciones como Somos Defensores, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria. En diálogo con ¡Pacifista!, el coronel Restrepo explica cuál es el plan para que después de la desmovilización no se presenten asesinatos sistemáticos ni la captura de territorios por parte de bandas criminales.

¿Cuáles han sido las principales tareas en los primeros tres meses de trabajo?

Hemos venido trabajando con entidades estatales y no estatales y en general con las personas interesadas en el tema de liderazgo social y derechos políticos. Cuando las Farc y el Gobierno se sentaron en la mesa de La Habana, uno de los temas más importantes fue el de las garantías para los integrantes de las Farc, de ahí se desprende la conformación del Cuerpo Élite de la Policía.

Nosotros partimos desde un enfoque multidimensional porque hay un sinnúmero de aristas que pueden generar inseguridad para los exintegrantes de las Farc. Muchos ejercen liderazgo y son vulnerables en municipios concretos, como Tumaco y Buenaventura. Nosotros no solamente tenemos una responsabilidad sobre las garantías, sino que tenemos que asegurar la presencia estatal en los territorios.

¿Con cuáles cifras están trabajando y cómo las sistematizaron?

Actualmente tenemos 106 homicidios avalados por la ONU, que es la entidad encargada de verificar el cumplimiento del Acuerdo de paz. La ONU tiene una lista que surge con base en elementos técnicos que definen si el homicidio se dio en el marco del posconflicto. Nosotros estamos haciendo un ejercicio interesante y es revisar estas cifras con organizaciones como Marcha Patriótica y Cumbre Agraria. Efectivamente los listados que ellos presentaron coincidían en la mayoría de aspectos con los casos de la ONU. Esto nos permitió generar mapas de calor y comenzar a intervenir de manera preventiva en los lugares donde se está presentando el fenómeno. En otras palabras, identificamos conductas criminales que atenten contra defensoras y defensores de derechos humanos, así como las personas que están participando en la implementación de los acuerdos de paz.

¿Y han identificado algún actor detrás de estos asesinatos? 

La Policía no entra en el debate sobre el paramilitarismo. Nosotros estamos encargados del desmantelamiento de cualquier organización criminal sin importar la procedencia. Tenemos algo claro y es que nuestra respuesta debe ser multifuncional teniendo en cuenta que las amenazas son multidimensionales. Por eso estamos trabajando articuladamente con las Fuerzas Militares, la ONU, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección (UNP), entre otros. En estos meses hemos puesto el foco en pequeñas estructuras residuales que son las que están generando amenazas.

A las organizaciones no gubernamentales les preocupa el alto nivel de impunidad…

Claro, es que el Cuerpo Élite no puede ser solamente reactivo, necesita ser preventivo, anticiparse a los riesgos que corre la población. Tenemos el apoyo de 180.000 hombres de la Policía Nacional que están en terreno y también estamos trabajando con organizaciones muy importantes como Somos Defensores y el Cinep. El apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también ha resultado importante para identificar riesgos.

Nosotros queremos que nos vean como una entidad legítima, capaz de garantizar la seguridad para que se cumpla el Acuerdo de Paz. Para que esto suceda tenemos que articular el trabajo con las Ong´s y con Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, Ejército, Carabineros, Sistema Integrado de Seguridad Rural (Siser), Dirección Anti Secuestro, Dirección de Inteligencia Policial y todas las organizaciones que nos puedan ayudar en el ámbito investigativo.

La Policía no entra en el debate sobre el paramilitarismo. Nosotros estamos encargados del desmantelamiento de cualquier organización criminal sin importar la procedencia.

¿Y cómo ha influido el Clan del Golfo en los ataques a la población que trabaja en la implementación?

Estructuras como el Clan del Golfo y Los Pelusos, por ejemplo, tienen una característica de cooptación de rentas criminales. Claro que son relevantes, pero hemos visto que las amenazas a los líderes están proviniendo de pequeñas estructuras residuales. Sin duda, algunos líderes de las estructuras criminales pueden detener la participación directa de la población objeto de los acuerdos de paz. Sin embargo, nosotros nos estamos saliendo del cascarón del paramilitarismo porque hay unas facciones criminales que, en lugar de manejar rentas criminales, están detrás de los líderes.

Después de los homicidios, con 29 casos, en 2017 lo que más han registrado son amenazas, con 73 reportes. ¿Qué están haciendo frente a las amenazas?

En Santander tuvimos un caso interesante. Un integrante de la Mesa de Víctimas denunció que una persona le tocó el hombro y le dijo palabras inadecuadas. Denunció por amenaza. Esto quiere decir que están creyendo en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que priorizar y clasificar, pues se presentan casos de auto amenazas o casos donde los panfletos no identifican las facciones criminales. Investigamos, pero tenemos en cuenta que el fenómeno de las amenazas es mucho más complejo de lo que parece.

En algunas regiones de conflicto todavía no se siente mayor cambio…

Hemos tenido avances investigativos importantes, pasamos de una efectividad del 58% con el CTI en 2016 a una efectividad del 83% en lo que va de 2017. Nosotros estamos trabajando con la Fiscalía para que no exista impunidad. Y claro, hemos tenido que dejar atrás la estigmatización que tiene, por ejemplo, trabajar de la mano de organizaciones sociales. Estas nos han ayudado a evidenciar afectaciones graves en departamentos como Cauca, Norte de Santander y Nariño. El trabajo focalizado nos ha funcionado.

¿En qué lugares es urgente intervenir?

Depende. Nosotros estamos reuniéndonos cada ocho y 15 días para validar resultados y seguir focalizando. En el estudio que hicimos observamos que en 25 departamentos existen amenazas para personas que trabaja por la implementación de los acuerdos. Focalizando nos dimos cuenta de que en Corinto y Tumaco se centra el 4 % del riesgo.  Luego hay zonas muy complicadas en Antioquia, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander… Esto nos lleva a formular preguntas a nivel nacional. En Tumaco tenemos la Operación Poseidón con las Fuerzas Militares. ¿No ha sido suficiente? Bueno, comencemos a trabajar allá con más ahínco, revisemos las estrategias. Lo mismo con grandes operaciones como Agamenón. Lo que demostramos con el estudio es que no tenemos zonas vetadas para la Fuerza Pública en el territorio nacional.

Bueno, pero las zonas que me menciona han estado en conflicto desde décadas atrás…

El conflicto es cíclico, pero lo que está pasando en el territorio difiere de lo que pasaba en años anteriores. Además, en muchas zonas ya no está las Farc, eso cambia completamente las dinámicas. ¿Qué tienen en común? Que son departamentos con altas rentas de economía ilegal, como minería criminal y narcotráfico. También está en común el Pacífico. Muchos grupos al margen de la Ley utilizan las rutas hacia Chile o Norteamérica para mover las rentas del crimen transnacional.

¿Es suficiente el presupuesto y el pie de fuerza?

En el Cuerpo Élite de la Policía tenemos 1.088 personas. Tenemos una base de cinco operaciones en 51 seccionales. Claramente debemos incluir a 180.000 hombres y mujeres que trabajan para la Policía y que obviamente no se pueden desligar del posconflicto.

¿No es muy difícil para ustedes proteger a los que antes eran sus enemigos?

La idoneidad no es solo la capacidad que un hombre necesita para hacer parte del Cuerpo Élite, también existen unos parámetros y procesos de calidad a los que nos sometemos.  Yo llevo 24 años trabajando como policía y sé, como muchos de mis compañeros, lo que significa vivir en un país donde todos los días hay atentados. La Policía le apuesta a la paz. Nosotros tenemos que entender que si un colombiano se equivocó nosotros no tenemos la potestad de juzgarlos. Sabemos que el perdón hace parte de nuestro trabajo, diariamente.

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