Este artículo fue publicado originalmente en VICE Colombia

Por Carolina Gutiérrez*

Todas las fotos por Luis Ángel | VICE Colombia

En febrero de 2017 la Corte Constitucional pisó suelo guajiro por primera vez en su historia. La crisis humanitaria y económica del norte extremo de Colombia, que estaba matando a los niños indígenas de sed y hambre, motivó al alto tribunal a visitar esa región y ser testigo directo de lo que estaba pasando.

Ese mes fue histórico para La Guajira. Además de la visita de los magistrados, el presidente Juan Manuel Santos designó como gobernador encargado al antropólogo guajiro Weildler Guerra, quien llegó después de una racha de corrupción y criminalidad de varios de sus antecesores. Cinco gobernadores elegidos en los últimos años están hoy rindiéndole cuentas a la justicia. ¿Le suena el nombre de Oneida Pinto? Está en prisión mientras es investigada por peculado y falsedad en documentos. ¿Y qué tal Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez? En enero fue condenado a 55 años de cárcel por tres homicidios.

También en febrero, el gobierno nacional, cansado del “despilfarro” de los gobernantes locales, anunció que a partir de ese momento —y por tres años— los recursos de la educación, la salud y el agua potable del departamento quedarían en sus manos.

Dejusticia estuvo en La Guajira en ese febrero histórico. Y desde ese momento ha seguido de cerca al departamento. Algunas cosas han cambiado radicalmente: la sequía prolongada se transformó en lluvias, lo que para muchas comunidades apartadas significa la única posibilidad de tener agua. Y los registros de muertes de niños menores de cinco años asociadas a desnutrición (el indicador más importante porque son muertes evitables), han bajado de 87 a 81 casos en comparación con el mismo período del año pasado.

También hay cosas que siguen igual. O peor. La crisis en Venezuela –el país vecino del que dependieron económicamente los wayuu durante años– se profundizó y se convirtió en esta tragedia que hoy estamos presenciando: no hay medicamentos, no hay productos de aseo, no hay democracia. No existen cifras de cuántos wayuu están retornando a Colombia (no es fácil, si se tiene en cuenta que en el extremo norte del país hay 240 kilómetros de frontera con Venezuela y un solo paso autorizado), pero Migración Colombia calcula que desde que el presidente Nicolás Maduro abrió la frontera en agosto del 2016 cada día entran y salen 55.000 personas por los siete puntos de control migratorio. Y no solo están regresando los colombianos que vivían de la prosperidad del país vecino. Están llegando oleadas de venezolanos desesperados por la inseguridad, la escasez, la pobreza y la dictadura que se está implantando en su país. En el 2016 Colombia entregó 15.523 cédulas de extranjería a personas provenientes de allí, mientras en el 2012 esa cifra fue de apenas 7.153.

En este grupo de las cosas que siguieron igual o empeoraron está también la educación: en la segunda semana de mayo por lo menos 50 mil niños seguían sin empezar clases. El gobernador Guerra reconoce que cuando el gobierno nacional asumió el manejo de ese sector se encontró con “un escenario geográfico y cultural más complejo de lo que hubiéramos imaginado”. Entre esas complejidades está, por ejemplo, obtener el aval de las autoridades indígenas para contratar al personal. O llegar a acuerdos sobre las contrataciones para la alimentación escolar y el transporte.

Este es un recorrido por La Guajira en ese febrero histórico. Y también, un ajuste de cuentas sobre las promesas y los compromisos hechos en ese momento.

Alta Guajira

Es 19 de febrero. Estamos sentados cerca a un fogón de leña en una ranchería del corregimiento de Tawaira (Uribia, Alta Guajira) esperando la comida: chivo, arroz, plátano y chicha. Son cerca de las siete de la noche y está completamente oscuro. Somos cinco investigadores de Dejusticia, un wayuu llamado Emilio Arens (quien durante seis días nos serviría de conductor y guía) y Kati Suárez Romero, también wayuu y profesora de segundo de primaria.

Emilio nos está contando que tiene cuatro mujeres y “como ocho hijos”. Que a la primera la compró por cien chivos, dos collares y dos millones de pesos, y a las demás por 40, 50 y 60 chivos. Luego explica que las cuatro conocen y aceptan la existencia de las otras. ¿Y qué pasa si una de ellas le es infiel? “Tiene que pagar… con chivos”, dice Emilio, el cacique del clan Gouriyu, una comunidad asentada junto al mar, en Punta Gallinas, a la que nunca le ha faltado el agua ni la comida.

La Guajira tiene muchas caras y Emilio nos mostró, de entrada, la de los wayuu que no pasan hambre; que son comerciantes y ganaderos; que tienen plata y chivos para comprar hasta a cuatro mujeres. El antropólogo guajiro Weildler Guerra (desde antes de ser nombrado gobernador), escribió alguna vez que en La Guajira muchos wayuus son pobres y viven “al borde de la subsistencia”, y que hay otros pocos “comparativamente ricos”. Como Emilio y su clan.

Kati escucha a Emilio con atención y va soltando algunos comentarios. Dice que ella dejó de creer en muchas de esas viejas tradiciones. Que no comulga con ellas. Que estos son otros tiempos. Y así nos empieza a revelar quién es: una mujer aguerrida que habla sin tapujos de los políticos corruptos de su región y del Estado abandonador, que llevaron a su departamento a esta crisis. Las autoridades indígenas calculan que en el 2016 murieron entre 80 y 90 niños wayuu por desnutrición, aunque el Instituto Nacional de Salud sostiene que fueron 26.

No debería ser ni uno.

Kati se lamenta también de las pésimas condiciones de su sistema educativo. Si no hay educación no hay oportunidades de trabajo, no hay alimentos, no hay salud. Y sin salud no hay condiciones para aprender. Por eso Kati reconoce, en la entrevista a continuación, que el acceso al agua potable es vital. Reclama agua y alimento, pero también educación digna.

A la comunidad de Kati llegamos con un grupo de investigadores de Dejusticia, para acompañar a la Corte Constitucional en la primera inspección judicial a La Guajira. Este alto tribunal quería hacerle seguimiento a una tutela que, contra el Gobierno, interpuso un ciudadano, alegando que a los niños wayuu les negaron los derechos a la salud, a la alimentación y al agua potable. Y a la educación, diría Kati. Ella es nuestra guía en un recorrido por la zona rural de la Alta Guajira donde, literalmente, no hay nada: ni agua, ni cultivos fértiles, ni animales. Solo trochas polvorientas.

Kati nos dice algo que hemos escuchado varias veces en este viaje: que la crisis económica y humanitaria en la Alta Guajira se profundizó por cuenta del cierre fronterizo con Venezuela en el 2014. Durante años, ese país les dio trabajo, alimento y dinero a los guajiros para sobrevivir y mantener a sus familias en Colombia. Pero de esa Venezuela próspera ya no queda nada. Y muchos han tenido que retornar. “La comida prácticamente venía de Venezuela”, dice Norbelis Morales, enfermera auxiliar del Hospital de Nazareth, el único centro asistencial de primer nivel de la Alta Guajira. Luego explica que la mayoría de niños desnutridos que han llegado al hospital en los últimos tiempos vienen del país vecino, indocumentados. Y eso hace todo más difícil. Más.

Casi tres meses después de este recorrido hablamos con Kati telefónicamente. Dice que está desesperada porque lleva meses sin dar clases. Cuenta que las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las autoridades son complicadas. “Estábamos trabajando, pero dijeron que era ilegal porque no teníamos contrato. Entonces pararon las clases”, cuenta. Cuando cuestionamos al gobernador Guerra al respecto dice que sí, que la situación era más compleja de lo que imaginaban. “Las diferencias entre comunidades son a veces difíciles”, señala. Luego asegura que cuando todo esté en orden los niños no volverán a perder dos o tres meses de clases a comienzo de año, como ha pasado históricamente.

Media Guajira

En Zucaramana, un corregimiento de Uribia que le da paso a la Media Guajira, los habitantes le dan la bienvenida a la Corte Constitucional diciendo “hoy es día nacional para nosotros. Aquí nunca había llegado el Estado”. Es 21 de febrero. Las quejas de los wayuu se centran en la ausencia de agua. En la corrupción. En los dineros mal manejados. En el Gobierno que los ha ignorado tanto. Y en medio de las quejas aparece Johana Barros, de la comunidad Riakat, a denunciar la matanza de los burros —su principal medio para transportar agua— por parte de hombres blancos que ellos llaman alijunas. “Aquí todo se sabe. Los mataron, los pelaron y se llevaron el cuero para Barranquilla”, señala. Se llevan el cuero, dicen, para envolver la cocaína, aislar su olor y transportarla por la Costa Caribe.

Si en la Alta Guajira la problemática en Venezuela fue decisiva, hacia la Media Guajira el conflicto armado ha sido el ingrediente que acentuó la crisis. A menos de una hora de allí está abandonada la ranchería de Bahía Portete, donde el 18 de abril de 2004, paramilitares, al mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, persiguieron, torturaron y “asesinaron con brutalidad” a cuatro mujeres (como reportó el Centro de Memoria Histórica). Y además, desplazaron a toda la comunidad de este puerto, que era una de las entradas más importantes del contrabando en la región. El objetivo de los paras era uno y lo lograron: desterrar a los wayuu y tomar el control de esa zona, clave también para el narcotráfico.

El informe del Centro de Memoria Histórica dice que hasta ese momento las mujeres wayuu no se tocaban. No iban a la guerra. No se violaban. No se expulsaban de la tierra. Eran sagradas. Pero llegó la masacre y cambió ese credo. Por eso hoy es imposible hablar de la crisis humanitaria de la Media Guajira sin mencionar los rastros que sobreviven de la masacre, y de las deudas que el Estado todavía tiene con las casi 600 personas que por miedo tuvieron que abandonar la tierra que les proveía el alimento y la vivienda… lo necesario para vivir.

Saraith Iguarán, miembro de la comunidad de Zucaramana y directora de la Fundación Talat’sh Tepichi por una niñez indígena feliz, es una de las organizadoras de la audiencia con la Corte. Al finalizar el encuentro le hacemos la siguiente entrevista.

Baja Guajira

En febrero también se conoció un fallo de la Corte Constitucional, en el que le ordena a Cerrejón (una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, asentada en la Baja Guajira) suspender sus planes de expansión hasta realizar un proceso de consulta previa con la comunidad. Y le pide revisar el impacto ambiental de su actividad extractiva. Para hablar de la situación que se vive en la Baja Guajira es imposible obviar la minería, presente en su territorio hace por lo menos 30 años.

El 22 de febrero visitamos varias rancherías de la Baja Guajira. En este recorrido nos acompaña Jackeline Romero, miembro de la organización Fuerza de mujeres wayuu, una líder valiente, frentera, que lleva años denunciando cómo la minería transformó a La Baja Guajira… a sus ríos, su tierra y sus cultivos. Habla tajante, sincera.

En esa travesía por la Baja Guajira visitamos Caicemapa (municipio de Distracción), donde nos cuentan que en enero murió uno de sus niños por desnutrición. Allí Francisco Barros Ipuana, líder de la comunidad, nos dice que aunque en el sur del departamento sí hay agua “no nos llega a nosotros. Es para los que tienen plata… para los grandes agricultores, para los que tienen ganado, para los mineros”. Y así, el mismo relato se repite en todas las comunidades que visitamos: en el sur hay agua pero no para los wayuu. Y cuando hay, no se puede consumir. “Tenemos agua pero saladita”, dice un indígena.

En la Baja Guajira es común ver pozos de agua artesanales pero en muy mal estado. “La falta de agua potable es el origen de todo”, dice el médico Luis Gutiérrez, quien atiende a sus pacientes desde una casa vieja en una vereda de Distracción; una casa de paredes manchadas, equipada solo con un escritorio y una vieja camilla oxidada. Y aquí aparece otro de los lamentos históricos de La Guajira: la salud. En los sitios más remotos la atención es así, con las uñas, como en esta casa ajada donde atiende el doctor Gutiérrez. En uno de los centros médicos que visitamos nos dijeron, en voz baja, que una buena porción de las muertes de niños por desnutrición, que se presentaron el año pasado, sucedieron mientras eran transportados a alguno de los pocos hospitales de primer nivel que existen.

Y mientras eso pasaba, los recursos públicos para invertir en la red de hospitales estaban congelados. Solo hasta finales de mayo pasado la gobernación de La Guajira presentó un programa de reorganización, rediseño y modernización de los centros de salud, conocido como documento RED. Durante catorce años no existió ese programa.

***

Antes de emprender este viaje nos preguntábamos por qué este departamento ha vivido en una crisis prolongada. Qué lo llevó hasta allí. Qué no lo ha dejado salir. Y concluímos que a todos nos ha hecho falta entender su enorme complejidad. El hambre, por ejemplo, es el resultado de una ecuación nefasta de corrupción, desorden administrativo, cambio climático, una economía indígena en crisis, y un Gobierno central que ha ignorado la autonomía y las necesidades propias de los wayuu. Todo junto. Pero nos hemos dedicado a buscar culpables absolutos.

Lo que ha pasado en La Guajira desde el histórico febrero, parece dar algunas luces de que estamos entendiendo esa complejidad. Al menos parece.

* Carolina Gutiérrez es periodista de Dejusticia.

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