En las zonas rurales que dominaron las Farc no existe suficiente institucionalidad.

Si la Corte Constitucional y el Congreso aprueban la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tal como está, la cara de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, podría aparecer en los tarjetones de los candidatos a la presidencia en 2018. Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó la creación del partido de las Farc (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), las posibilidades de que los excombatientes de la guerrilla participen en política están dejando de ser remotas.

Tan pronto el CNE les notificó que tenían personería jurídica, los dirigentes de las Farc aprovecharon para develar las cartas políticas que se jugarán en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. Como lo dieron a conocer públicamente, Rodrigo Londoño se lanzará a la presidencia con Imelda Daza, una de las mujeres con más trayectoria en la Unión Patriótica (UP), como fórmula vicepresidencial.  La lista al senado la encabezará Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y la de la Cámara de Representantes la liderará Seusis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich.

En la lista para senado también aparecen los nombres de  Pablo Catatumbo (Jorge Torres), Victoria Sandino (Judith Simanca), Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo) y Sandra Ramírez (Criselda Lobo Silva, viuda del excomandante Manuel Marulanda Vélez). En la Cámara de Representantes también fueron designados excombatientes de las Farc y no, como se pensaba, líderes de procesos regionales o voceros de la sociedad civil. En la lista están: Jairo Mechas (Reinaldo Cala Suárez), por Santander; Marco León Calarcá (Luis Alberto Albán), por Valle del Cauca; Olmedo Ruiz (Omar de Jesús Restrepo), por Antioquia y Byron Yepes (Jairo González Mora), por Bogotá.

Por el momento, las Farc tienen 10 curules aseguradas  en el Congreso durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026, por lo estipulado en los Acuerdos de Paz de La Habana. En las dos listas que presentaron, las Farc muestran un camino político a seguir.  No hicieron alianzas con otros partidos y, pese a los acercamientos con la Unión Patriótica y con Marcha Patriótica, los elegidos al Congreso son excombatientes de las Farc. Con esta apuesta, aparentemente, la guerrilla quiere demostrar que sus integrantes están haciendo el tránsito a la vida política sin intermediarios.

No obstante, el éxito del proyecto político de las Farc está en entredicho. Aunque tienen varios elementos que juegan a su favor, como la personería jurídica y los recursos, existen otros, como el estigma de la guerra, que podrían dejarlos con una participación marginal en la política nacional.

¿Qué tienen a favor?

Además de la personería jurídica, el CNE ya solicitó 3.565 millones de pesos para el funcionamiento de las Farc: 1.866 millones de pesos para gastos de funcionamiento y 1.698 millones de pesos para la creación del Centro de Formación Política que tendrá las Farc. En lo acordado en La Habana, además, quedaron estipulados 7.000 millones de pesos al año para el partido de las Farc, un monto superior al que reciben otros partidos políticos. En 2016, por ejemplo, el partido de La U recibió 6.000 millones de pesos.

Como representación política, las 16 circunscripciones especiales de paz podrían  ser útiles para las Farc. Iván Márquez ya hizo pública la intención de su partido de acercarse a los 16 representantes que tendrán participación en el Congreso y que, en teoría, hablarán en voz de las víctimas y  los grupos sociales más golpeados durante el conflicto armado. Estos nuevos congresistas deben salir de 167 municipios vulnerables a la violencia. Como lo contamos en ¡Pacifista!, existe un interés por parte de las Bacrim para cooptar estos espacios, algo que las Farc quieren impedir.


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Carlos Medina Gallego, historiador de la Universidad Nacional y uno de los académicos que más ha estudiado a las Farc, nos dijo que participar en las elecciones de 2018 constituye un acto trascendental : “Es muy importante en su historia política porque más allá de los resultados que obtengan en las elecciones, entran ganando. Algunos no saben lo que significa que las Farc tengan representación en el parlamento colombiano. Significa, además, que tendrán el apoyo de todo un movimiento popular que los ha acompañado. Cuando entren al Congreso, la sociedad colombiana y las poblaciones a las que representan se irán acostumbrando a que sus nombres aparezcan en las noticias del Congreso. Es positivo por donde se mire”.

Las Farc entrarán en la arena política con unas afinidades públicas con partidos como la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y Marcha Patriótica, este último vocero de diferentes asociaciones campesinas que incluso están interesadas en participar en los procesos electorales de las circunscripciones especiales de paz. Con la entrada al Congreso, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, considera que las Farc pueden poner en la agenda política temas que antes no eran debatidos, entre otras razones, porque la UP y Marcha Patriótica no han tenido un peso importante en el Congreso. “Van a presentar proyectos de Ley y van a estar activos en todos los debates nacionales, eso no es menor”, dijo.

¿Qué tienen en contra?

La sigla de las Farc está presente en el imaginario colectivo con una carga de violencia materializada en masacres, secuestros, reclutamientos, entre otros. El hecho de que sostuvieran el mismo nombre como partido político dificulta, aún más, que la resistencia por parte de un buen sector de la ciudadanía disminuya. “Las expectativas electorales son modestas porque existe una estigmatización muy alta, y no es fácil evacuarla de la noche a la mañana de la mentalidad colombiana”, dijo Medina. Esta estigmatización se agravaría con las víctimas si, por ejemplo, los excombatientes de las Farc como Timochenko participan en política sin antes haber pasado por la JEP.


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Existe otro factor que puede jugar en contra de las Farc. Dentro de la lista de candidatos hay excombatientes que tienen acusaciones por delitos de lesa humanidad, por los cuales no pueden ser amnistiados.  Si van al Congreso, seguramente generarán malestar y resistencia dentro de los grupos de víctimas. “Metieron en la listas a gente que tiene mucha resistencia ciudadana por los delitos que cometieron. Existía la posibilidad de que incluyeran en la listas a personas de otros grupos de la sociedad civil, lo que les podría abrir más espacios políticos. Como van las cosas, las Farc apuntan a ser un partido político marginal”, asegura Luis Trejos, politólogo de la Universidad del Norte.

Henry Acosta, el hombre que sirvió como mediador entre las Farc y los presidentes Uribe y Santos, cree que la aspiración de las Farc de alcanzar por lo menos un millón de votos “puede ser exagerada. Ellos serán una parte de una Izquierda que sigue dividida. Eso sí, después de la primera vuelta las Farc seguramente buscarán una alianza con el candidato que respalde el proceso de paz, lo mismo en las elecciones parlamentarias. Como ellos han dicho, existe un periodo de transición que consiste justamente en implementar los acuerdos”.

En relación al potencial electoral no hay mayores expectativas. Medina, quien ha estudiado a las bases políticas de las Farc cree que, a lo sumo, en las próximas elecciones pueden capturar el “2,5% del total de potencial electoral”. Ariel Ávila, siguiendo la misma línea, dice que “será muy difícil que las Farc pasen de los 250 mil votos. Quizás con alianzas con Marcha Patriótica y la Unión Patriótica lleguen a los 300 mil votos, pero tenga en cuenta que el umbral electoral de los partidos en Colombia es de 490 mil votos”.

No es un secreto que las Farc suplieron al Estado en diferentes regiones del país. De ahí, por ejemplo, podría salir una base electoral fuerte que los respalde. Sin embargo, como anota Ávila, “aún no se ha promovido el voto rural, la Registraduría no ha hecho nada al respecto y es difícil que esta población se pueda manifestar electoralmente”. El reto, como dice Medina, consiste en que “las Farc logren llevar a esas poblaciones a las urnas. Son comunidades que hoy ni siquiera tienen acceso a cédulas y viven donde no hay ningún tipo de institucionalidad”.

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